LAS AUDIENCIAS A MENORES DE EDAD

La mayoría de las audiencias a menores que se llevan a cabo en el Orden Jurisdiccional Civil y en la Jurisdicción Voluntaria se realizan, normalmente, en los procesos de familia en los que los padres resuelven sus controversias de forma contenciosa.

A raíz de la previsión expresa en este sentido en varios artículos de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, la 15/2015, de 2 de julio, se ha producido un aumento de las audiencias de menores en el seno de los procesos de Jurisdicción Voluntaria.

Todos los agentes que intervienen en los procesos relativos a menores (Jueces, Fiscales, Abogados, Procuradores de los Tribunales …) saben que los mismos deben ser oídos cuando sean mayores de doce años, y si son menores cuando tengan suficiente juicio. Así lo establece, además de la Ley de Jurisdicción Voluntaria referida, la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 (artículo 12); el Comité de Derechos del Niño (Observación General nº 12, de 20 de julio de 2009); la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor (artículo 9) y un largo etcétera de resoluciones jurisprudenciales.

Es importante reseñar que el hecho de que la ley obligue a escuchar al menor cuando tenga más de doce años o cuando tenga suficiente juicio, no conlleva necesariamente que dicha audiencia sea siempre útil y beneficiosa para el menor. Considerando esto último, y más allá del dictado legal, sería conveniente que la exploración de menores pudiera estar sometida a un filtro de pertinencia.

Hemos de partir del principio fundamental del Superior Interés del Menor, tan invocado y que tan desvirtuado a veces está, como buen “cajón desastre” (o, dicho en un lenguaje más jurídico, “concepto jurídico indeterminado”). Es evidente que, ante la petición expresa efectuada por cualquier menor de más de doce años o con suficiente juicio, para ser oído, el Juez o Tribunal no podrá negarse. Así lo ha recordado la STEDH 11 de octubre de 2016 (asunto Iglesias v. España), que consideró que, en ese caso, se había vulnerado el artículo 6.1 del Convenio (Derecho a un Juicio Justo), al denegar a unas menores (con 15 y 12 años) el derecho a ser oídas cuando así lo solicitaron por carta al Juez de Instancia y a la Audiencia Provincial, a pesar de haber sido entrevistadas por el Equipo Psicosocial en un procedimiento de separación.

Tal y como se expone en la “Guía práctica de exploración de menores” (Mercedes Caso Señal, Mila Arch Marín, Adolfo Jarne Esparcia y Asunción Molina Bertumeus), la mayoría de la jurisprudencia ha entendido que la exploración de los menores no es un medio de prueba. Y no puede serlo, porque, en realidad, no hay ni obligación de practicarlo en Sala ni en presencia de los abogados de las partes. Ni siquiera se contempla la forma en que dicha audiencia debe ser documentada. La exploración del menor no puede ser “valorada” ni como documental, obviamente, ni como testifical, puesto que el menor no es dueño de sus actos y no tiene capacidad de obrar. De ahí que se denomine “exploración”, por su semejanza con la prueba de “reconocimiento judicial”. A pesar de esta falta de concreción, la mayoría de los Órganos Judiciales realizan dichas exploraciones de forma reservada, en el despacho del Juez, en presencia del Letrado de la Administración de Justicia y del Fiscal, en su caso.

La exploración de menores es un derecho para el menor, no un deber, de modo que, si este no quiere hablar con el Juez, nunca puede ser obligado.

¿Puede el Juez decidir no escuchar al menor?

A la vista de la legislación que regula este asunto y de la jurisprudencia nacional y europea, parece evidente que, en los procedimientos en los que se afecten derechos o intereses de mayores de 12 años o menores con suficiente juicio, no puede obviarse su testimonio.

Sin embargo, existe una excepción legal que no siempre se cumple en nuestros juzgados: cuando los padres no tengan intereses contradictorios.

Así lo establece el artículo 9.2, in fine, de la LO 1/1996, que establece que:

“No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor, se podrá conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente”.

Quiero ello decir que, en los procedimientos de mutuo acuerdo, ha de entenderse que los progenitores no tienen intereses contrapuestos a los del menor, por lo que, no está justificado que el Juez oiga al mayor de doce años antes de aprobar un convenio regulador. Sin embargo, en los procedimientos contenciosos, del tenor literal del artículo, puede entenderse que se debe oír siempre a los menores.

En este tipo de procedimientos (contenciosos), es donde la Ley no parece distinguir cuál es el objeto de la controversia. Es obvio pensar que, en aquellos casos en los que se discute sobre la guarda y custodia del menor, el régimen de visitas, la residencia del mismo, el cambio de colegio, la celebración de un acto religioso, etc., la audiencia del mayor de doce años está justificada tanto por la ley como por el propio sentido común (se están discutiendo aspectos de la vida personal del menor que afectan directamente a su futuro y al desarrollo de su personalidad).

El problema surge cuando la controversia entre los padres es económica y existen intereses contrapuestos. En este caso se podría entender que alguno de los progenitores está defendiendo una postura contraria al interés del menor (por ejemplo: pago de una pensión más baja que la reclamada por el progenitor custodio).

Hemos de tener en cuenta que la audiencia del menor no es una prueba, y, sobre todo, hemos de atender a ese superior interés del menor. Considerando lo anterior, el Juez debería poder aplicar criterios de ponderación y oportunidad para decidir si el menor debe ser oído o no, excluyendo la obligación legal de dar audiencia al menor.

Quizá, con una regulación expresa en cuanto a la forma en la que se debe practicar la audiencia del menor, y un mayor margen de decisión del Juez, se protegerían más los intereses del menor.

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